Escrito por Jimy Ríos
viernes, 22 de enero de 2010
Éste artículo tiene por objeto de análisis el presupuesto de Colombia para el año 2010, el cual es - a todas luces- un presupuesto de guerra contra el Pueblo. El texto tiene tres partes
1. Las cifras del presupuesto nacional y sub nacional. 2. El contexto en el que será ejecutado. 3. Recursos para la guerra.Si bien es importante analizar éste instrumento de planificación en la coyuntura del presente año, lo es aún más estudiarlo en la perspectiva de los cambios estructurales hacia la Nueva Colombia. El presupuesto de esta vigencia fiscal refleja no sólo un Estado escalando la confrontación interna y externa en favor a los intereses del imperialismo en la Región. Dicho instrumento da cuenta además de los privilegios de clase, de la injusticia social, del gasto gubernamental en mantener la clientela en el congreso y, de paso, favorecer la reelección del presidente capo de capos: de hecho estos recursos se sancionaron luego de aprobado el referendo en la Cámara; y como si fuera poco, expresa la ausencia de participación popular en las decisiones sobre su realidad.
1. Las cifras del presupuesto nacional y sub nacional.
El presupuesto de Colombia para 2010 tiene un valor de 148.3 billones de pesos, una cifra cercana a los 73 mil millones de dólares. El nombre que le asignó el gobierno es “Sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis”. La denominación no es gratuita, y eso será objeto de la segunda parte del texto.
Según el gobierno esta cifra se distribuye de la siguiente manera: 83 billones para funcionamiento, 40 billones para el servicio de la deuda y 25.3 billones para inversión directa, componentes que pasaremos a describir, no sin antes sostener dos cuestiones sobre la forma de agrupar la composición del gasto y la asignación sectorial: 1. Que resulta una agrupación engañosa lo cual veremos ejemplificado especialmente en la tercera parte destinada al presupuesto para la guerra. 2. Estas formas de agrupar obedecen a los manuales del FMI no siempre seguidas con rigor por los ministerios de hacienda y planeación. Y no por un asunto de dignidad y autonomía sino por ser un Estado en guerra obligado a permanentes cambios en las asignaciones sectoriales para resolver problemas creados por la ilegitimidad, la ilegalidad y la ingobernabilidad.
Los 83 billones de pesos para gastos de funcionamiento, son aquellos que tienen por objeto “atender las necesidades de los órganos para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución y la ley. Se incluyen dentro de gastos: I. Gastos de Personal. Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios de personal que recibe. Nota: la mayor parte de estos gastos se invierten en la guerra debido al crecimiento del ejército y la policía. II. Gastos Generales. Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la ley, así como con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. III. Transferencias Corrientes. Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales - con fundamento en un mandato legal- . De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de las mismas. IV. Gastos de Comercialización y Producción. Son los que realizan las entidades para adquirir bienes y servicios destinados directamente a la comercialización, producción de bienes o prestación de servicios”.
Los 40 billones para servicio y pago de la deuda pública tienen por objeto “atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, los imprevistos y los gastos de contratación originados en operaciones de crédito público”. Según el Banco de la República, la deuda externa asciende a los 49.000 millones de dólares. En agosto de 2009 el sector público debía 33.674 millones de dólares, mientras que el privado 15.328 millones de dólares. El total de la deuda equivale a 22,3% del PIB. En el mismo mes, la deuda mostró un incremento de 4,29%. El informe del Banco muestra que mientras los empresarios han disminuido en 1.439 millones de dólares (8,58%) su deuda externa desde enero, cuando se encontraba en 16.767, el Gobierno ha aumentado la de la Nación en 3.455 millones de dólares, es decir 11,43%. Según la revista Dinero, para agosto de 2009, el saldo de la deuda pública denominada en títulos TES aumentó un 11,7% anual a 109.54 billones de pesos (54.265 millones de dólares). Y agrega que agentes previeron que el aumento en la colocación de TES podría superar la meta que anunció el Gobierno en su marco fiscal de mediano plazo, de 26,1 billones de pesos (12.928 millones de dólares).
Y el tercer componente es la inversión que suma 25.3 billones. Aquí se incluyen las “erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que se materialicen en bienes de utilización perdurable, llamados también de capital. Así mismo, se incluyen como gastos de inversión aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto es que su asignación permite acrecentar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la estructura física, económica y social”. En la tercera parte veremos como un “aeropuerto comunitario” se convierte en “estratégico para la defensa nacional” financiado supuestamente en términos de inversión social.
Del mismo modo se publicita una asignación sectorial de 24.4 billones para programas de inversión social y 21 billones para la defensa y seguridad del Estado. Pero ni lo uno ni lo otro, pues el ministerio de protección social debe atender, por ejemplo, la crisis de la salud pagando las deudas millonarias a las EPS. Y muchos otros componentes del presupuesto asignados en principio a sectores distintos de la política de seguridad están destinados a la guerra. Con esto se constata que la asignación de recursos según la Clasificación Funcional del Gasto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (léase el Manual del FMI) no se cumple en rigor entre otras por las razones arriba anotadas.
En último término, durante la ejecución de estos presupuestos anunciados con bombos y platillos, se evidencian las limitaciones para cubrir universalmente la población y con ello para resolver los problemas de desigualdad, pobreza y miseria enquistados en la sociedad colombiana. Con esto se evidencia además que si bien en principio se anuncian altas cifras y altos porcentajes en la integración del presupuesto para la cuestión social, a la hora de los balances reales y materiales se convierten en cifras pírricas que no logran impactar la realidad del Pueblo.
En materia de educación por ejemplo, el ministerio del sector aparece con una asignación de 20 billones por debajo del de la guerra. Sin embargo tiene sólo un billón para inversión. El resto es, en buena parte, para mantener la nómina de los docentes que se ven obligados a la permanente protesta para exigir sus salarios. De esos recursos se anunciaron sólo 160 mil millones para las universidades, sobre lo cual recordamos que en medio del debate sobre el presupuesto en el congreso, el movimiento de estudiantes debió realizar numerosas movilizaciones las cuales fueron señaladas por el gobierno fascista como “terroristas”.
Por otra parte, en éste presupuesto se puede notar el modelo de desarrollo y de educación en particular, pues el SENA tiene un presupuesto de casi dos billones mientras las universidades tienen 160 mil millones de pesos. Privilegiar la formación tecnológica por encima de la ciencia dejará rezagado al Pueblo colombiano y lo hará cada vez más dependiente del conocimiento que se vende desde el imperio.
Las escalas subnacionales.
Para terminar esta primera parte se resume el valor de los presupuestos subnacionales, que ratifican con el desequilibrio regional una vez más la ausencia de un proyecto de justicia social en Colombia. En agosto de 2009 se presentó esta distribución preliminar por departamentos la cual varió muy poco en el debate con los congresistas pues trascendió que se distribuyó un poco más de un billón con respecto al proyecto inicial y eso estuvo en sectores diferentes a los que se regionalizan. Así se puede constatar también en la Carta de Modificaciones. Hubo conato de “rebelión” regional aunque bien sabemos cómo se controlan. Además pesa bastante la representación parlamentaria y los departamentos del sur del país no se caracterizan precisamente por su representatividad en las decisiones nacionales.
Así las cosas, Antioquia tiene una de las mayores asignaciones al superar el billón 500 mil millones de pesos convirtiéndose en el departamento más beneficiado con la distribución de los recursos. Le siguen, según Planeación Nacional, Bogotá con un billón 352 mil millones y el Valle con un billón 174 mil millones. En cambio, el departamento del Chocó, donde más se registra ma muerte de niños por desnutrición, recibirá 302 mil millones de pesos. El presupuesto más bajo, de apenas 57 mil millones, lo tendrá Guanía.
El resto del país se distribuye de esta manera: Amazonas, 68.914 millones; Caquetá, 221.682 millones; Putumayo, 210.061 millones; Boyacá, 497.986 millones; Cundinamarca, 748.940 millones; Huila, 397.459 millones; Norte de Santander, 435.470 millones; Santander, 826.438 millones; Tolima, 793.248 millones; Atlántico, 616.286 millones; Bolívar, 794.157 millones; Cesar, 343.123 millones; Córdoba, 611.345 millones; Guajira, 330.206 millones; Magdalena, 479.655 millones; San Andrés y Providencia, 183.566 millones; Sucre, 383.693 millones; Caldas, 523.388 millones; Cauca, 567.866 millones; Nariño, 627.360 millones; Quindío, 279.487 millones; Risaralda, 262.383 millones; Arauca, 147 mil 86 millones; Casanare, 150.117 millones; Guaviare, 105.711 millones; Meta, 294.742 millones; Vaupés, 76.173 millones y Vichada, 64.627 millones de pesos.
Por otra parte, el PNUD contabilizó los planes de desarrollo 2008 – 2011 de los 32 departamentos y sumó sólo 64 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 41 billones (el 64%) están destinados a programas que tienen que ver con los objetivos del milenio. Sin embargo esta entidad concluyó que no hay avance en lucha contra la pobreza y en ese sentido dos de las metas más relevantes que se fijaron los 189 países de Naciones Unidas se ven muy lejanas para Colombia: pobreza e indigencia.
1. Las cifras del presupuesto nacional y sub nacional.
El presupuesto de Colombia para 2010 tiene un valor de 148.3 billones de pesos, una cifra cercana a los 73 mil millones de dólares. El nombre que le asignó el gobierno es “Sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis”. La denominación no es gratuita, y eso será objeto de la segunda parte del texto.
Según el gobierno esta cifra se distribuye de la siguiente manera: 83 billones para funcionamiento, 40 billones para el servicio de la deuda y 25.3 billones para inversión directa, componentes que pasaremos a describir, no sin antes sostener dos cuestiones sobre la forma de agrupar la composición del gasto y la asignación sectorial: 1. Que resulta una agrupación engañosa lo cual veremos ejemplificado especialmente en la tercera parte destinada al presupuesto para la guerra. 2. Estas formas de agrupar obedecen a los manuales del FMI no siempre seguidas con rigor por los ministerios de hacienda y planeación. Y no por un asunto de dignidad y autonomía sino por ser un Estado en guerra obligado a permanentes cambios en las asignaciones sectoriales para resolver problemas creados por la ilegitimidad, la ilegalidad y la ingobernabilidad.
Los 83 billones de pesos para gastos de funcionamiento, son aquellos que tienen por objeto “atender las necesidades de los órganos para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución y la ley. Se incluyen dentro de gastos: I. Gastos de Personal. Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios de personal que recibe. Nota: la mayor parte de estos gastos se invierten en la guerra debido al crecimiento del ejército y la policía. II. Gastos Generales. Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la ley, así como con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. III. Transferencias Corrientes. Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales - con fundamento en un mandato legal- . De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de las mismas. IV. Gastos de Comercialización y Producción. Son los que realizan las entidades para adquirir bienes y servicios destinados directamente a la comercialización, producción de bienes o prestación de servicios”.
Los 40 billones para servicio y pago de la deuda pública tienen por objeto “atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, los imprevistos y los gastos de contratación originados en operaciones de crédito público”. Según el Banco de la República, la deuda externa asciende a los 49.000 millones de dólares. En agosto de 2009 el sector público debía 33.674 millones de dólares, mientras que el privado 15.328 millones de dólares. El total de la deuda equivale a 22,3% del PIB. En el mismo mes, la deuda mostró un incremento de 4,29%. El informe del Banco muestra que mientras los empresarios han disminuido en 1.439 millones de dólares (8,58%) su deuda externa desde enero, cuando se encontraba en 16.767, el Gobierno ha aumentado la de la Nación en 3.455 millones de dólares, es decir 11,43%. Según la revista Dinero, para agosto de 2009, el saldo de la deuda pública denominada en títulos TES aumentó un 11,7% anual a 109.54 billones de pesos (54.265 millones de dólares). Y agrega que agentes previeron que el aumento en la colocación de TES podría superar la meta que anunció el Gobierno en su marco fiscal de mediano plazo, de 26,1 billones de pesos (12.928 millones de dólares).
Y el tercer componente es la inversión que suma 25.3 billones. Aquí se incluyen las “erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que se materialicen en bienes de utilización perdurable, llamados también de capital. Así mismo, se incluyen como gastos de inversión aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto es que su asignación permite acrecentar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la estructura física, económica y social”. En la tercera parte veremos como un “aeropuerto comunitario” se convierte en “estratégico para la defensa nacional” financiado supuestamente en términos de inversión social.
Del mismo modo se publicita una asignación sectorial de 24.4 billones para programas de inversión social y 21 billones para la defensa y seguridad del Estado. Pero ni lo uno ni lo otro, pues el ministerio de protección social debe atender, por ejemplo, la crisis de la salud pagando las deudas millonarias a las EPS. Y muchos otros componentes del presupuesto asignados en principio a sectores distintos de la política de seguridad están destinados a la guerra. Con esto se constata que la asignación de recursos según la Clasificación Funcional del Gasto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (léase el Manual del FMI) no se cumple en rigor entre otras por las razones arriba anotadas.
En último término, durante la ejecución de estos presupuestos anunciados con bombos y platillos, se evidencian las limitaciones para cubrir universalmente la población y con ello para resolver los problemas de desigualdad, pobreza y miseria enquistados en la sociedad colombiana. Con esto se evidencia además que si bien en principio se anuncian altas cifras y altos porcentajes en la integración del presupuesto para la cuestión social, a la hora de los balances reales y materiales se convierten en cifras pírricas que no logran impactar la realidad del Pueblo.
En materia de educación por ejemplo, el ministerio del sector aparece con una asignación de 20 billones por debajo del de la guerra. Sin embargo tiene sólo un billón para inversión. El resto es, en buena parte, para mantener la nómina de los docentes que se ven obligados a la permanente protesta para exigir sus salarios. De esos recursos se anunciaron sólo 160 mil millones para las universidades, sobre lo cual recordamos que en medio del debate sobre el presupuesto en el congreso, el movimiento de estudiantes debió realizar numerosas movilizaciones las cuales fueron señaladas por el gobierno fascista como “terroristas”.
Por otra parte, en éste presupuesto se puede notar el modelo de desarrollo y de educación en particular, pues el SENA tiene un presupuesto de casi dos billones mientras las universidades tienen 160 mil millones de pesos. Privilegiar la formación tecnológica por encima de la ciencia dejará rezagado al Pueblo colombiano y lo hará cada vez más dependiente del conocimiento que se vende desde el imperio.
Las escalas subnacionales.
Para terminar esta primera parte se resume el valor de los presupuestos subnacionales, que ratifican con el desequilibrio regional una vez más la ausencia de un proyecto de justicia social en Colombia. En agosto de 2009 se presentó esta distribución preliminar por departamentos la cual varió muy poco en el debate con los congresistas pues trascendió que se distribuyó un poco más de un billón con respecto al proyecto inicial y eso estuvo en sectores diferentes a los que se regionalizan. Así se puede constatar también en la Carta de Modificaciones. Hubo conato de “rebelión” regional aunque bien sabemos cómo se controlan. Además pesa bastante la representación parlamentaria y los departamentos del sur del país no se caracterizan precisamente por su representatividad en las decisiones nacionales.
Así las cosas, Antioquia tiene una de las mayores asignaciones al superar el billón 500 mil millones de pesos convirtiéndose en el departamento más beneficiado con la distribución de los recursos. Le siguen, según Planeación Nacional, Bogotá con un billón 352 mil millones y el Valle con un billón 174 mil millones. En cambio, el departamento del Chocó, donde más se registra ma muerte de niños por desnutrición, recibirá 302 mil millones de pesos. El presupuesto más bajo, de apenas 57 mil millones, lo tendrá Guanía.
El resto del país se distribuye de esta manera: Amazonas, 68.914 millones; Caquetá, 221.682 millones; Putumayo, 210.061 millones; Boyacá, 497.986 millones; Cundinamarca, 748.940 millones; Huila, 397.459 millones; Norte de Santander, 435.470 millones; Santander, 826.438 millones; Tolima, 793.248 millones; Atlántico, 616.286 millones; Bolívar, 794.157 millones; Cesar, 343.123 millones; Córdoba, 611.345 millones; Guajira, 330.206 millones; Magdalena, 479.655 millones; San Andrés y Providencia, 183.566 millones; Sucre, 383.693 millones; Caldas, 523.388 millones; Cauca, 567.866 millones; Nariño, 627.360 millones; Quindío, 279.487 millones; Risaralda, 262.383 millones; Arauca, 147 mil 86 millones; Casanare, 150.117 millones; Guaviare, 105.711 millones; Meta, 294.742 millones; Vaupés, 76.173 millones y Vichada, 64.627 millones de pesos.
Por otra parte, el PNUD contabilizó los planes de desarrollo 2008 – 2011 de los 32 departamentos y sumó sólo 64 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 41 billones (el 64%) están destinados a programas que tienen que ver con los objetivos del milenio. Sin embargo esta entidad concluyó que no hay avance en lucha contra la pobreza y en ese sentido dos de las metas más relevantes que se fijaron los 189 países de Naciones Unidas se ven muy lejanas para Colombia: pobreza e indigencia.
Y no puede haber avance en un Estado que trasladó responsabilidades a los entes subnacionales pero la descentralización fiscal sigue siendo una promesa incumplida. Durante la 53° versión de la cumbre de gobernadores por ejemplo, se dijo al gobierno nacional que no había recursos para la salud. Los mandatarios no tienen los recursos para cumplir la orden de la Corte Constitucional de cubrir los gastos de las enfermedades catastróficas o de alto costo que sufran personas de pocos recursos económicos y las que no están incluidas en el Plan Obligatorio de Salud. Según Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico y presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, “cumplir esa orden en 2009 cuesta más de 400 mil millones de pesos sólo en Caldas, Cundinamarca, Nariño, Atlántico, Valle, Bogotá, Huila, Norte de Santander, Guajira, Antioquia y Putumayo”.
Por su parte, las cuatro ciudades que superan el millón de habitantes y en las cuales habitan 29 de cada 100 personas tendrán presupuestos para el 2010 con las siguientes cifras: Bogotá 16.8 billones. Medellín 3 billones 173 mil 815 millones de pesos. Cali tendrá cerca de 1.6 billones y Barranquilla 1.4 billones. La suma de las cuatro obtiene como resultado 23 billones de pesos. La desproporción regional queda así más que en evidencia.
2. El contexto en el que será ejecutado.
No es difícil plantear que el Estado colombiano tendrá dificultades presupuestarías durante el 2010 y para resolverla continuará con el endeudamiento y la privatización. Pese a eso no resolverá el déficit fiscal. Así lo constatan las variables que rodean la crisis del capitalismo y que afectaran necesariamente los ingresos y la ejecución del presupuesto: la recesión, la baja de la producción, de las ventas y de las exportaciones; el desempleo tanto nacional como internacional -que afecta las remesas-; la evasión de impuestos y el ocultamiento de patrimonio para mermar el aporte tributario. No es gratuito el nombre que le asignó el gobierno al presupuesto: “Sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis”. Veamos.
1. Para el Ministro de Hacienda, en 2010 el déficit fiscal del sector público consolidado (gobierno central y sector descentralizado) se elevará a 18,3 billones de pesos, producto de los menores ingresos que recibirá la Nación, principalmente por impuestos, y los gastos que tendrá que seguir cubriendo. Esto, según él, equivale a 3,4% del PIB y supera el déficit que se presentará en 2009 de 2,4%. El cinismo del ministro le permite decir que este nivel de déficit no puede sorprender en las actuales condiciones del ciclo económico del mundo y de Colombia, pues argumenta que todos los países han aumentado sus déficits, como una medida contra-cíclica para enfrentar la crisis. El gobierno anunció que buena parte el déficit fiscal será cubierto con endeudamiento externo por tres mil 750 millones de dólares; deuda interna a través de la emisión de TES por 26 billones 100 mil millones de pesos y privatizaciones como por ejemplo de ISAGEN calculada en 3 billones.
Pero más allá de las disculpas gubernamentales, la crisis fiscal justifica el informe de algunas dependencias con dificultades para operar. Es el caso por ejemplo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En comunicado del 1 de julio de 2009, sostuvo que por falta de los recursos necesarios para adelantar el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones de 2010, se ve en la necesidad de aplazar indefinidamente este proceso, cuya apertura se había previsto para el 15 de julio. La Registraduría solicitó al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos por $28.175 millones, para financiar el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía dentro y fuera del país. Sin embargo, hasta la fecha sólo han sido asignados alrededor de $3.000 millones. El proceso electoral tendrá un costo presupuestal en el 2010 de 420 mil millones de pesos, informó el Ministerio de Hacienda.
2. Al finalizar julio de 2009, la Contaduría General de la Nación reveló que 307 mil personas naturales y 67 mil empresas, se encuentran en mora de pagarle a diferentes entidades del Estado del orden nacional y territorial, 19 billones 200 mil millones de pesos.
3. Por otro lado, el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, dice que el gobierno de manera irresponsable promovió la firma de pactos de estabilidad tributaria que exime a muchas empresas del pago de impuestos por un tiempo largo. Ahora hay empresas blindadas y el gobierno se verá limitado para hacer una reforma tributaria que le permita conseguir más recursos cuando sean necesarios. Según Juan Camilo Restrepo esas gabelas a los más ricos suman 7.3 billones de pesos. Y agrega que en lugar de nuevos impuestos hay que perfeccionar el recaudo pues la DIAN anunció que la evasión suma 8 billones de pesos.
4. El DANE informó sobre la dramática caída de las exportaciones entre enero y agosto, las cuales reportaron una disminución del 19,4% al totalizar 21 mil 57 millones de dólares. Las destinadas a Estados Unidos bajaron 22,9% y a Ecuador 19,8%. Tanto en valor como en volumen, las exportaciones de productos colombianos a Venezuela están cayendo. En agosto las ventas de bienes y servicios Venezuela se redujeron, comparativamente con el año anterior, en un 45,7% en precio y 51% en tonelaje. En un solo mes las exportaciones a la República Bolivariana se redujeron en 111 mil toneladas métricas y en valor 213 millones de dólares. El mismo informe indica que las exportaciones de petróleo se redujeron, en el año, 31%; 41% las de ferroniquel y 20% las de café.
5. El desempleo suma más de 3 millones de personas y crece la informalidad y el “cuenta propia” como alternativa.
6. Las estimaciones sobre el crecimiento de 2009 están por debajo de 0 y los pronósticos para el 2010 no son más optimistas.
7. Pese a que todo el tiempo el gobierno rechazó los recortes de agua y energía, estos ya se anunciaron como producto del fenómeno del niño.
8. A todo lo anterior se suma la corrupción que ha caracterizado los gobiernos colombianos y con mayor descaro el actual.
Todo esto caracteriza un contexto difícil para las cuentas de un Estado que libra una guerra contra el Pueblo. Ahora demos un vistazo a los recursos para continuar con el terror e intentar vencer la Resistencia popular y atrasar la segunda y real independencia.
Por su parte, las cuatro ciudades que superan el millón de habitantes y en las cuales habitan 29 de cada 100 personas tendrán presupuestos para el 2010 con las siguientes cifras: Bogotá 16.8 billones. Medellín 3 billones 173 mil 815 millones de pesos. Cali tendrá cerca de 1.6 billones y Barranquilla 1.4 billones. La suma de las cuatro obtiene como resultado 23 billones de pesos. La desproporción regional queda así más que en evidencia.
2. El contexto en el que será ejecutado.
No es difícil plantear que el Estado colombiano tendrá dificultades presupuestarías durante el 2010 y para resolverla continuará con el endeudamiento y la privatización. Pese a eso no resolverá el déficit fiscal. Así lo constatan las variables que rodean la crisis del capitalismo y que afectaran necesariamente los ingresos y la ejecución del presupuesto: la recesión, la baja de la producción, de las ventas y de las exportaciones; el desempleo tanto nacional como internacional -que afecta las remesas-; la evasión de impuestos y el ocultamiento de patrimonio para mermar el aporte tributario. No es gratuito el nombre que le asignó el gobierno al presupuesto: “Sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis”. Veamos.
1. Para el Ministro de Hacienda, en 2010 el déficit fiscal del sector público consolidado (gobierno central y sector descentralizado) se elevará a 18,3 billones de pesos, producto de los menores ingresos que recibirá la Nación, principalmente por impuestos, y los gastos que tendrá que seguir cubriendo. Esto, según él, equivale a 3,4% del PIB y supera el déficit que se presentará en 2009 de 2,4%. El cinismo del ministro le permite decir que este nivel de déficit no puede sorprender en las actuales condiciones del ciclo económico del mundo y de Colombia, pues argumenta que todos los países han aumentado sus déficits, como una medida contra-cíclica para enfrentar la crisis. El gobierno anunció que buena parte el déficit fiscal será cubierto con endeudamiento externo por tres mil 750 millones de dólares; deuda interna a través de la emisión de TES por 26 billones 100 mil millones de pesos y privatizaciones como por ejemplo de ISAGEN calculada en 3 billones.
Pero más allá de las disculpas gubernamentales, la crisis fiscal justifica el informe de algunas dependencias con dificultades para operar. Es el caso por ejemplo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En comunicado del 1 de julio de 2009, sostuvo que por falta de los recursos necesarios para adelantar el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones de 2010, se ve en la necesidad de aplazar indefinidamente este proceso, cuya apertura se había previsto para el 15 de julio. La Registraduría solicitó al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos por $28.175 millones, para financiar el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía dentro y fuera del país. Sin embargo, hasta la fecha sólo han sido asignados alrededor de $3.000 millones. El proceso electoral tendrá un costo presupuestal en el 2010 de 420 mil millones de pesos, informó el Ministerio de Hacienda.
2. Al finalizar julio de 2009, la Contaduría General de la Nación reveló que 307 mil personas naturales y 67 mil empresas, se encuentran en mora de pagarle a diferentes entidades del Estado del orden nacional y territorial, 19 billones 200 mil millones de pesos.
3. Por otro lado, el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, dice que el gobierno de manera irresponsable promovió la firma de pactos de estabilidad tributaria que exime a muchas empresas del pago de impuestos por un tiempo largo. Ahora hay empresas blindadas y el gobierno se verá limitado para hacer una reforma tributaria que le permita conseguir más recursos cuando sean necesarios. Según Juan Camilo Restrepo esas gabelas a los más ricos suman 7.3 billones de pesos. Y agrega que en lugar de nuevos impuestos hay que perfeccionar el recaudo pues la DIAN anunció que la evasión suma 8 billones de pesos.
4. El DANE informó sobre la dramática caída de las exportaciones entre enero y agosto, las cuales reportaron una disminución del 19,4% al totalizar 21 mil 57 millones de dólares. Las destinadas a Estados Unidos bajaron 22,9% y a Ecuador 19,8%. Tanto en valor como en volumen, las exportaciones de productos colombianos a Venezuela están cayendo. En agosto las ventas de bienes y servicios Venezuela se redujeron, comparativamente con el año anterior, en un 45,7% en precio y 51% en tonelaje. En un solo mes las exportaciones a la República Bolivariana se redujeron en 111 mil toneladas métricas y en valor 213 millones de dólares. El mismo informe indica que las exportaciones de petróleo se redujeron, en el año, 31%; 41% las de ferroniquel y 20% las de café.
5. El desempleo suma más de 3 millones de personas y crece la informalidad y el “cuenta propia” como alternativa.
6. Las estimaciones sobre el crecimiento de 2009 están por debajo de 0 y los pronósticos para el 2010 no son más optimistas.
7. Pese a que todo el tiempo el gobierno rechazó los recortes de agua y energía, estos ya se anunciaron como producto del fenómeno del niño.
8. A todo lo anterior se suma la corrupción que ha caracterizado los gobiernos colombianos y con mayor descaro el actual.
Todo esto caracteriza un contexto difícil para las cuentas de un Estado que libra una guerra contra el Pueblo. Ahora demos un vistazo a los recursos para continuar con el terror e intentar vencer la Resistencia popular y atrasar la segunda y real independencia.
3. Recursos para la guerra.
La idea central de éste artículo es que el presupuesto del 2010 es para la guerra contra el Pueblo. Y seguramente no fuera novedad en Colombia si no estuviera tan signado por la coyuntura de la instalación de siete bases norteamericanas, la agresión a la cuna de Bolívar, la aprobación del nuevo impuesto de guerra y el uso del verbo “consolidar” para referirse a la nueva fase de la “política de seguridad”; fase que lleva el apellido eufemístico del “postconflicto”.
“Las nuevas Fuerzas Armadas…tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos.”Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Novena Conferencia de las FARC - EP
Es notable pues el incremento que en términos oficiales alcanza los 21 billones de pesos en el presente año, algo más de 10 mil millones de dólares: suma similar a la del Plan Colombia desde el 2002. En los mismos términos se ha oficializado que el presupuesto de duplicó desde el 2002 a este año. Aunque enseguida veremos que son muchos más los recursos asignados a la actividad bélica pues buena parte de la estructura del Estado tiene tareas en esa dirección. En otras palabras, no sólo se deben sumar los recursos del Ministerio de Defensa y otras instituciones con “actividades y servicios de defensa nacional, de orden público y protección ciudadana”, conceptos utilizados en la Clasificación Funcional del Gasto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Manual FMI). También de otras instituciones que veremos enseguida.
Razones como esta hacen incalculables los recursos que destinan la oligarquía y el Estado a la confrontación contra el Pueblo. Calcular ese dinero obligaría sumar la ayuda de los Estados Unidos, la financiación del narcoparamilitarismo, los gastos que realizan entidades territoriales, las ayudas de empresas nacionales y multinacionales, la seguridad privada y la cantidad de bufones que participan de oficio en la guerra mediática difundiendo la propaganda del régimen. Y como no mencionar la ausencia de trasparencia en el manejo del presupuesto público.
Para 2010 entonces, el gobierno ha publicitado 21 billones de pesos destinados a lo que llaman “política de seguridad democrática” (Léase doctrina de seguridad nacional). De éste dinero, el Ministerio de Defensa cuenta con 9.9 billones de los cuales 8.3 son destinados a funcionamiento, es decir, casi el total está orientado a la nómina demostrando así el crecimiento de unidades, particularmente, del ejército. La cifra más difundida de unidades es esta: 260.000 en 2002 a 445.000 en 2009. La policía tiene 5.6 billones: 5.3 se gastan en funcionamiento. Al DAS le dieron cerca de 400.000 millones de pesos y a la Fiscalía 1.4 billones. Sumado esto a instituciones del sector defensa clasificados en el Manual antes citado, alcanza una cifra que supera los 30 billones. Incluso al modificar el presupuesto se le restaron 150 mil millones a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y 70 mil a la policía.
Pero ahí no acaba la suma porque como se dijo arriba, buena parte de la estructura del Estado tiene tareas en la guerra no sólo los entes mencionados en el párrafo anterior. Por ejemplo, sería ingenuo no incluir el presupuesto de la Presidencia ya que desde allí se lanza permanentemente propaganda oficial contra revolucionaria al mejor estilo de operaciones psicológicas. O ¿Acaso el ministerio de relaciones exteriores no se ha convertido en una cancillería para la guerra? Esta tiene asignados cerca de 400.000 mil millones. La Rama judicial cuenta con 1.8 billones. El ministerio del interior utilizará 453 mil millones. El programa bandera supuestamente social del gobierno, Acción Social, tiene a cargo de sus recursos el programa de desmovilización.
Otro claro ejemplo está en el artículo 47 de la ley del presupuesto: “Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados por el Fondo de Inversiones para la Paz que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso. Parágrafo: El Gobierno Nacional a través del Programa de Aeropuertos Comunitarios destinará recursos necesarios, para la habilitación y puesta en operación de los aeropuertos regionales ubicados en los departamentos de frontera y zonas de difícil acceso, que sean considerados como estratégicos para la defensa y seguridad nacional.”
En el artículo 62 se autoriza (como si lo necesitara) a las Fuerzas Militares para que ejecuten proyectos de inversión como obras de infraestructura y dotación. Bien sabemos que esto más que buscar el “bienestar de la población” responde a los que el ejército de la oligarquía llama operaciones cívico- militares y psicológicas. Busca inútilmente y de manera oportunista recuperar la legitimidad del Estado. También a través de una presencia utilitarista que cambia obras por información incluyendo la población como “delatores” en la guerra.
El artículo 69 dice que el ministerio de hacienda “presupuesta” y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional “conceptúa” sobre los recursos para Justicia y Paz, así sean otras las entidades las que ejecutan.
Definitivamente el Estado colombiano tiene montados todos sus aparatos en función de la guerra contra el Pueblo.
Impuesto para la guerra. Ley 1370 o Ley de Ajuste Tributario,
La Ley 1370 o Ley de Ajuste Tributario ya fue sancionada por el presidente narcoparamilitar Álvaro Uribe Vélez. El Ministerio de Hacienda había anunciado el pasado diciembre que en las plenarias de la Cámara y Senado fue aprobada esta ley presentada por la tiranía. Oficialmente se dijo que el proyecto está compuesto por tres grandes partes: mantener el impuesto al patrimonio durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; reducir del 40 al 30% la deducción por compra de activos productivos y dejar como único beneficio para las zonas francas la tarifa de renta del 15%. En el caso de las tarifas del Impuesto al Patrimonio el Congreso aprobó un 0,6% para los patrimonios líquidos gravables entre $3 mil y $5 mil millones de pesos; y una tarifa del 1,2% para los patrimonios mayores de $5 mil millones de pesos. Se estima que este gravamen será pagado por cerca de 9.300 grandes contribuyentes sean personas naturales o jurídicas. El Gobierno estima recaudar con esta ley cerca de $3,1 billones de pesos anuales.
Hacienda había dicho que un total de 17 mil 200 colombianos (personas naturales y jurídicas) tendrían que pagar el impuesto al patrimonio y que habían 8 mil contribuyentes que tendrán que cancelar el 0.4%, debido a que tienen capitales entre los 2 mil y 3 mil millones de pesos. Con más de 3 mil millones de pesos hay 9.200 personas, entre jurídicas y naturales, que pagarán el 0.6%. Recordó que en el periodo 2006-2010 el impuesto al patrimonio lo pagaron 7 mil contribuyentes de más de 3 mil millones de pesos. “Es decir que hemos logrado que más de 2.200 nuevas personas ingresen al rango de 3 mil millones y vamos a incorporar a 8 mil nuevos de más de 2 mil millones de pesos”. Concluyó señalando que la gran mayoría de las empresas son las que van a pagar el impuesto al patrimonio.
La antesala de la aprobación del impuesto para la guerra estuvo marcada por la evaluación del recaudo anterior así como de su ejecución y por la presentación de opciones de la misma oligarquía para que esos recursos tuvieran origen directamente en el Pueblo.
Sobre la evaluación del anterior por ejemplo, Juan Camilo Restrepo pone el énfasis en la preocupación por el gasto recurrente. Cuando nació el impuesto al patrimonio –dice Restrepo-, se creó para comprar equipos (gastos de inversión) y ahora resulta que un tercio de este impuesto se invirtió en gastos de personal (gastos de funcionamiento). Según él, el problema radica en que se estén financiando gastos permanentes con ingresos temporales. En sus cuentas, en 2008 se recaudaron tres billones 308 mil millones de pesos por concepto de ese tributo, 264 mil millones por encima de lo que el gobierno esperaba.
El contralor general de la República, Julio César Turbay Quintero, planteó una revisión de la sostenibilidad real de la Seguridad Democrática frente a la realidad tributaria y económica del país. Advirtió que la decisión de volver casi permanente ese tributo no debe lesionar a los contribuyentes, en especial a las bases populares. Según él, los sectores económicos con mayor riqueza son los que han financiado este gasto y es importante que, ante la necesidad de contar con una fuente permanente de recursos, estos sigan contribuyendo. En referencia a las dificultades antes anotadas sobre la crisis del capitalismo, el contralor dijo que pueden generar una alta morosidad en el pago del impuesto, afectando el flujo de caja necesario para asumir las obligaciones adquiridas. Pero al contralor no le preocupan tanto las bases populares como sí la situación que puede afectar el pie de fuerza. Apoyándose en las evaluaciones hechas por un equipo de expertos de la Contraloría, dijo que hoy no está garantizado el ingreso del dinero para financiar las inversiones en el sector defensa y el nuevo pie de fuerza: cerca de 38 mil efectivos. Sostuvieron que si bien los recaudos alcanzados durante el 2007 y el 2008 (4,53 billones de pesos) fueron superiores a los gastos, esto no ocurre en el 2009, año en el cual los recaudos alcancen tan sólo los 2,06 billones, debido a que apenas se recaudarán dos cuotas. Mientras tanto, el gasto será idéntico al del 2008 lo que dejará un desfase de 840 mil millones de pesos. El contralor tiene inquietud por la necesidad de asumir el pago de compromisos adquiridos en el sector y la insuficiencia de ingresos. A esto se une el hecho de que se compraron equipos en momentos en que la economía presentaba niveles de revaluación del peso, pero hoy, cuando se reciban, se tendrá que desembolsar más dinero.
Y hubo hechos que supuestamente comprobaban la preocupación del Contralor: “Prima a 22 mil soldados del Ejército no llegará en Agosto”. (Caracol, Agosto 11 de 2009) En vivo y en directo, el General Padilla ordenó a 22 mil uniformados que se ajusten el cinturón en el mes de agosto, porque no llegará completa la prima especial de familia. Habló de un problema con el decreto presidencial por lo que los soldados recibirán solo 40 mil pesos y no 400 mil como lo estaban pagando desde hace un año por cuenta de una decisión del Gobierno. Ante la molestia de los soldados que se encuentran en las regiones éste asesino señaló que se están buscando las formas jurídicas para superar el incidente y empezar a pagar nuevamente esa prima a partir del próximo mes. En septiembre se reportó que se consiguieron los 75’.000.000 millones de pesos que se requerían para cancelar el subsidio a sus hombres. El general de la oligarquía dijo “que lo más difícil era conseguir la plata”. Y en octubre, el payaso de payasos que posa de ministro de defensa, afirmó que el Gobierno firmó el decreto 3770 que restablece al pago del subsidio familiar a los 22.00 soldados profesionales e infantes de marina. Además sostuvo que “se dejarán de comprar tanques de guerra para cumplir la próxima semana con el pago en una nómina adicional con la cancelación de los sueldos retroactivos.”
A las anteriores valoraciones, se sumó la revista Semana y presentó el reto para el ministro de defensa entrante: lograr el presupuesto que necesita y le hizo estas cuentas. “Casi todos los 8,2 billones de pesos que se recaudaron a través del Impuesto al Patrimonio ya se gastaron o están comprometidos. Estados Unidos le quitó al Plan Colombia 53 millones de dólares y este año girará 520. Y gobiernos como el de Reino Unido redestinaron su ayuda al tema de derechos humanos por antecedentes como los falsos positivos. Aunque el presupuesto no depende exclusivamente del Ministro de Defensa, este tendrá que ser muy hábil para ingeniarse la manera de sostener la Política de Seguridad Democrática que el año pasado fue del 5.8% del PIB”. Aunque le faltó a esta revista decir que ya se aprobaron los primeros 49 millones de dólares en el presupuesto de los EEUU para la base de Palanquero.
Por otra parte, y en la antesala de la aprobación del impuesto, se presentó una la polémica sobre quiénes deberían ser los contribuyentes del impuesto para la guerra. La ANIF por ejemplo planteó que el cobro se debería extender a la clase media, pues en su criterio “todos se benefician de la seguridad. La idea es cobrarle a personas con patrimonios superiores a 200 millones.”
Para salir del problema de las finanzas de la guerra contra el Pueblo, el banquero, carroñero y avaro Luis Carlos Sarmiento propuso que la plata para financiarla debía ser de una fuente general, a cargo de todos los colombianos, es decir, se debe financiar como cualquier otro gasto del presupuesto general. En principio a Uribe le sonó y dijo que se debería llegar a una renta permanente que pague esa política. El presidente sostuvo: "Habrá que pensar, una vez terminen de ejecutarse estos recursos extraordinarios (del impuesto al patrimonio) e introducidos por la reforma que lideró el Ministro de Defensa en el 2006, cómo vamos a tener una renta permanente para seguir financiando la seguridad y derrotar todas las raíces del terrorismo en nuestro país".
Rafael Mejía, vicepresidente del Consejo Gremial y presidente de la SAC, precisó un poco más allá y anotó incluso que deberían aportar los que ganan el mínimo. Agregó que debe haber continuidad tanto de la política de defensa como de la fuente que la financia, pero con todos los colombianos contribuyendo en proporciones justas. "Pensamos que debe haber continuidad, pero si es un gravamen sobre el patrimonio debe ser para todo el país. Que cada uno aporte dentro de sus posibilidades". Éste es un buen representante de la idea de justicia que tiene la oligarquía colombiana.
El Presidente de Asocolflores, Augusto Solano, afirmó que esta carga impositiva no ayuda en nada a los industriales y empresarios que están afrontando una complicada situación por culpa de la recesión económica. De acuerdo con Solano lo ideal sería que el impuesto fuera por 3 años y no 4.
Por su parte, al presidente de Fenalco, Guillermo Botero, no le gusta la propuesta de prorrogar por 4 años más el impuesto al patrimonio e indicó que todo apunta a que será permanente. Dijo que lo ideal sería una prórroga por dos años más y explorar nuevos mecanismos de financiación de la seguridad democrática. Botero advirtió que a corto plazo el impuesto al patrimonio no solamente será permanente si no que todos los colombianos lo tendrán que pagar.
El ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, propuso que en vez de una reforma tributaria, a su juicio innecesaria, el Gobierno salga de empresas como Ecopetrol, en donde tiene el 90%. Éste neoliberal dijo que “no le ve sentido a tener en el balance del Gobierno acciones de Ecopetrol o de otras empresas siendo que tenemos tantas necesidades. Eso es un lujo que uno muchas veces no se puede dar". Necesidades de la guerra contra el Pueblo claro está.
Con todo esto, antes de presentar el proyecto al Congreso, el presidente capo de capos sostuvo que los sectores más pudientes tendrían que hacer "otro ratico de sacrificio" para financiar la seguridad democrática.
A todas las variables de la crisis del capitalismo mencionadas en la segunda parte y que afectan directamente los ingresos del Estado, se suma la versión de la revista Portafolio, según la cual “expertos llaman la atención porque…algunos contribuyentes tendrían todo el 2010 para fraccionar o esconder patrimonios.” Además hay que ver con unos contratos de estabilidad tributaria que se crearon en 1995 y que han salvado a algunas firmas de pagar nuevos impuestos, al parecer incluido el del patrimonio, y que empiezan a vencerse en el 2010. Eso llevaría a esas empresas a asumir el pago del que entrará a regir desde el 2011.
Para terminar y contrario a todo lo anterior, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia propone: “el 50% del presupuesto nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendientes, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno.” A esto se suma la participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Así, las FARC EP entienden un avance significativo en la adopción de las prioridades del Pueblo y de las regiones.
Sobre los recursos para el financiamiento, la Plataforma define por un lado, “la objeción al pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social.” Y por otro lado, “quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios.” En esta dirección entonces debe construirse además una estructura de ingresos que incluye no sólo los tributos si no, y fundamentalmente, los ingresos originados en la propiedad estatal y colectiva pues el Estado debe ser el propietario de los sectores estratégicos privatizados durante los últimos 19 años de neoliberalismo.
La idea central de éste artículo es que el presupuesto del 2010 es para la guerra contra el Pueblo. Y seguramente no fuera novedad en Colombia si no estuviera tan signado por la coyuntura de la instalación de siete bases norteamericanas, la agresión a la cuna de Bolívar, la aprobación del nuevo impuesto de guerra y el uso del verbo “consolidar” para referirse a la nueva fase de la “política de seguridad”; fase que lleva el apellido eufemístico del “postconflicto”.
“Las nuevas Fuerzas Armadas…tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos.”Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Novena Conferencia de las FARC - EP
Es notable pues el incremento que en términos oficiales alcanza los 21 billones de pesos en el presente año, algo más de 10 mil millones de dólares: suma similar a la del Plan Colombia desde el 2002. En los mismos términos se ha oficializado que el presupuesto de duplicó desde el 2002 a este año. Aunque enseguida veremos que son muchos más los recursos asignados a la actividad bélica pues buena parte de la estructura del Estado tiene tareas en esa dirección. En otras palabras, no sólo se deben sumar los recursos del Ministerio de Defensa y otras instituciones con “actividades y servicios de defensa nacional, de orden público y protección ciudadana”, conceptos utilizados en la Clasificación Funcional del Gasto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Manual FMI). También de otras instituciones que veremos enseguida.
Razones como esta hacen incalculables los recursos que destinan la oligarquía y el Estado a la confrontación contra el Pueblo. Calcular ese dinero obligaría sumar la ayuda de los Estados Unidos, la financiación del narcoparamilitarismo, los gastos que realizan entidades territoriales, las ayudas de empresas nacionales y multinacionales, la seguridad privada y la cantidad de bufones que participan de oficio en la guerra mediática difundiendo la propaganda del régimen. Y como no mencionar la ausencia de trasparencia en el manejo del presupuesto público.
Para 2010 entonces, el gobierno ha publicitado 21 billones de pesos destinados a lo que llaman “política de seguridad democrática” (Léase doctrina de seguridad nacional). De éste dinero, el Ministerio de Defensa cuenta con 9.9 billones de los cuales 8.3 son destinados a funcionamiento, es decir, casi el total está orientado a la nómina demostrando así el crecimiento de unidades, particularmente, del ejército. La cifra más difundida de unidades es esta: 260.000 en 2002 a 445.000 en 2009. La policía tiene 5.6 billones: 5.3 se gastan en funcionamiento. Al DAS le dieron cerca de 400.000 millones de pesos y a la Fiscalía 1.4 billones. Sumado esto a instituciones del sector defensa clasificados en el Manual antes citado, alcanza una cifra que supera los 30 billones. Incluso al modificar el presupuesto se le restaron 150 mil millones a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y 70 mil a la policía.
Pero ahí no acaba la suma porque como se dijo arriba, buena parte de la estructura del Estado tiene tareas en la guerra no sólo los entes mencionados en el párrafo anterior. Por ejemplo, sería ingenuo no incluir el presupuesto de la Presidencia ya que desde allí se lanza permanentemente propaganda oficial contra revolucionaria al mejor estilo de operaciones psicológicas. O ¿Acaso el ministerio de relaciones exteriores no se ha convertido en una cancillería para la guerra? Esta tiene asignados cerca de 400.000 mil millones. La Rama judicial cuenta con 1.8 billones. El ministerio del interior utilizará 453 mil millones. El programa bandera supuestamente social del gobierno, Acción Social, tiene a cargo de sus recursos el programa de desmovilización.
Otro claro ejemplo está en el artículo 47 de la ley del presupuesto: “Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados por el Fondo de Inversiones para la Paz que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso. Parágrafo: El Gobierno Nacional a través del Programa de Aeropuertos Comunitarios destinará recursos necesarios, para la habilitación y puesta en operación de los aeropuertos regionales ubicados en los departamentos de frontera y zonas de difícil acceso, que sean considerados como estratégicos para la defensa y seguridad nacional.”
En el artículo 62 se autoriza (como si lo necesitara) a las Fuerzas Militares para que ejecuten proyectos de inversión como obras de infraestructura y dotación. Bien sabemos que esto más que buscar el “bienestar de la población” responde a los que el ejército de la oligarquía llama operaciones cívico- militares y psicológicas. Busca inútilmente y de manera oportunista recuperar la legitimidad del Estado. También a través de una presencia utilitarista que cambia obras por información incluyendo la población como “delatores” en la guerra.
El artículo 69 dice que el ministerio de hacienda “presupuesta” y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional “conceptúa” sobre los recursos para Justicia y Paz, así sean otras las entidades las que ejecutan.
Definitivamente el Estado colombiano tiene montados todos sus aparatos en función de la guerra contra el Pueblo.
Impuesto para la guerra. Ley 1370 o Ley de Ajuste Tributario,
La Ley 1370 o Ley de Ajuste Tributario ya fue sancionada por el presidente narcoparamilitar Álvaro Uribe Vélez. El Ministerio de Hacienda había anunciado el pasado diciembre que en las plenarias de la Cámara y Senado fue aprobada esta ley presentada por la tiranía. Oficialmente se dijo que el proyecto está compuesto por tres grandes partes: mantener el impuesto al patrimonio durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; reducir del 40 al 30% la deducción por compra de activos productivos y dejar como único beneficio para las zonas francas la tarifa de renta del 15%. En el caso de las tarifas del Impuesto al Patrimonio el Congreso aprobó un 0,6% para los patrimonios líquidos gravables entre $3 mil y $5 mil millones de pesos; y una tarifa del 1,2% para los patrimonios mayores de $5 mil millones de pesos. Se estima que este gravamen será pagado por cerca de 9.300 grandes contribuyentes sean personas naturales o jurídicas. El Gobierno estima recaudar con esta ley cerca de $3,1 billones de pesos anuales.
Hacienda había dicho que un total de 17 mil 200 colombianos (personas naturales y jurídicas) tendrían que pagar el impuesto al patrimonio y que habían 8 mil contribuyentes que tendrán que cancelar el 0.4%, debido a que tienen capitales entre los 2 mil y 3 mil millones de pesos. Con más de 3 mil millones de pesos hay 9.200 personas, entre jurídicas y naturales, que pagarán el 0.6%. Recordó que en el periodo 2006-2010 el impuesto al patrimonio lo pagaron 7 mil contribuyentes de más de 3 mil millones de pesos. “Es decir que hemos logrado que más de 2.200 nuevas personas ingresen al rango de 3 mil millones y vamos a incorporar a 8 mil nuevos de más de 2 mil millones de pesos”. Concluyó señalando que la gran mayoría de las empresas son las que van a pagar el impuesto al patrimonio.
La antesala de la aprobación del impuesto para la guerra estuvo marcada por la evaluación del recaudo anterior así como de su ejecución y por la presentación de opciones de la misma oligarquía para que esos recursos tuvieran origen directamente en el Pueblo.
Sobre la evaluación del anterior por ejemplo, Juan Camilo Restrepo pone el énfasis en la preocupación por el gasto recurrente. Cuando nació el impuesto al patrimonio –dice Restrepo-, se creó para comprar equipos (gastos de inversión) y ahora resulta que un tercio de este impuesto se invirtió en gastos de personal (gastos de funcionamiento). Según él, el problema radica en que se estén financiando gastos permanentes con ingresos temporales. En sus cuentas, en 2008 se recaudaron tres billones 308 mil millones de pesos por concepto de ese tributo, 264 mil millones por encima de lo que el gobierno esperaba.
El contralor general de la República, Julio César Turbay Quintero, planteó una revisión de la sostenibilidad real de la Seguridad Democrática frente a la realidad tributaria y económica del país. Advirtió que la decisión de volver casi permanente ese tributo no debe lesionar a los contribuyentes, en especial a las bases populares. Según él, los sectores económicos con mayor riqueza son los que han financiado este gasto y es importante que, ante la necesidad de contar con una fuente permanente de recursos, estos sigan contribuyendo. En referencia a las dificultades antes anotadas sobre la crisis del capitalismo, el contralor dijo que pueden generar una alta morosidad en el pago del impuesto, afectando el flujo de caja necesario para asumir las obligaciones adquiridas. Pero al contralor no le preocupan tanto las bases populares como sí la situación que puede afectar el pie de fuerza. Apoyándose en las evaluaciones hechas por un equipo de expertos de la Contraloría, dijo que hoy no está garantizado el ingreso del dinero para financiar las inversiones en el sector defensa y el nuevo pie de fuerza: cerca de 38 mil efectivos. Sostuvieron que si bien los recaudos alcanzados durante el 2007 y el 2008 (4,53 billones de pesos) fueron superiores a los gastos, esto no ocurre en el 2009, año en el cual los recaudos alcancen tan sólo los 2,06 billones, debido a que apenas se recaudarán dos cuotas. Mientras tanto, el gasto será idéntico al del 2008 lo que dejará un desfase de 840 mil millones de pesos. El contralor tiene inquietud por la necesidad de asumir el pago de compromisos adquiridos en el sector y la insuficiencia de ingresos. A esto se une el hecho de que se compraron equipos en momentos en que la economía presentaba niveles de revaluación del peso, pero hoy, cuando se reciban, se tendrá que desembolsar más dinero.
Y hubo hechos que supuestamente comprobaban la preocupación del Contralor: “Prima a 22 mil soldados del Ejército no llegará en Agosto”. (Caracol, Agosto 11 de 2009) En vivo y en directo, el General Padilla ordenó a 22 mil uniformados que se ajusten el cinturón en el mes de agosto, porque no llegará completa la prima especial de familia. Habló de un problema con el decreto presidencial por lo que los soldados recibirán solo 40 mil pesos y no 400 mil como lo estaban pagando desde hace un año por cuenta de una decisión del Gobierno. Ante la molestia de los soldados que se encuentran en las regiones éste asesino señaló que se están buscando las formas jurídicas para superar el incidente y empezar a pagar nuevamente esa prima a partir del próximo mes. En septiembre se reportó que se consiguieron los 75’.000.000 millones de pesos que se requerían para cancelar el subsidio a sus hombres. El general de la oligarquía dijo “que lo más difícil era conseguir la plata”. Y en octubre, el payaso de payasos que posa de ministro de defensa, afirmó que el Gobierno firmó el decreto 3770 que restablece al pago del subsidio familiar a los 22.00 soldados profesionales e infantes de marina. Además sostuvo que “se dejarán de comprar tanques de guerra para cumplir la próxima semana con el pago en una nómina adicional con la cancelación de los sueldos retroactivos.”
A las anteriores valoraciones, se sumó la revista Semana y presentó el reto para el ministro de defensa entrante: lograr el presupuesto que necesita y le hizo estas cuentas. “Casi todos los 8,2 billones de pesos que se recaudaron a través del Impuesto al Patrimonio ya se gastaron o están comprometidos. Estados Unidos le quitó al Plan Colombia 53 millones de dólares y este año girará 520. Y gobiernos como el de Reino Unido redestinaron su ayuda al tema de derechos humanos por antecedentes como los falsos positivos. Aunque el presupuesto no depende exclusivamente del Ministro de Defensa, este tendrá que ser muy hábil para ingeniarse la manera de sostener la Política de Seguridad Democrática que el año pasado fue del 5.8% del PIB”. Aunque le faltó a esta revista decir que ya se aprobaron los primeros 49 millones de dólares en el presupuesto de los EEUU para la base de Palanquero.
Por otra parte, y en la antesala de la aprobación del impuesto, se presentó una la polémica sobre quiénes deberían ser los contribuyentes del impuesto para la guerra. La ANIF por ejemplo planteó que el cobro se debería extender a la clase media, pues en su criterio “todos se benefician de la seguridad. La idea es cobrarle a personas con patrimonios superiores a 200 millones.”
Para salir del problema de las finanzas de la guerra contra el Pueblo, el banquero, carroñero y avaro Luis Carlos Sarmiento propuso que la plata para financiarla debía ser de una fuente general, a cargo de todos los colombianos, es decir, se debe financiar como cualquier otro gasto del presupuesto general. En principio a Uribe le sonó y dijo que se debería llegar a una renta permanente que pague esa política. El presidente sostuvo: "Habrá que pensar, una vez terminen de ejecutarse estos recursos extraordinarios (del impuesto al patrimonio) e introducidos por la reforma que lideró el Ministro de Defensa en el 2006, cómo vamos a tener una renta permanente para seguir financiando la seguridad y derrotar todas las raíces del terrorismo en nuestro país".
Rafael Mejía, vicepresidente del Consejo Gremial y presidente de la SAC, precisó un poco más allá y anotó incluso que deberían aportar los que ganan el mínimo. Agregó que debe haber continuidad tanto de la política de defensa como de la fuente que la financia, pero con todos los colombianos contribuyendo en proporciones justas. "Pensamos que debe haber continuidad, pero si es un gravamen sobre el patrimonio debe ser para todo el país. Que cada uno aporte dentro de sus posibilidades". Éste es un buen representante de la idea de justicia que tiene la oligarquía colombiana.
El Presidente de Asocolflores, Augusto Solano, afirmó que esta carga impositiva no ayuda en nada a los industriales y empresarios que están afrontando una complicada situación por culpa de la recesión económica. De acuerdo con Solano lo ideal sería que el impuesto fuera por 3 años y no 4.
Por su parte, al presidente de Fenalco, Guillermo Botero, no le gusta la propuesta de prorrogar por 4 años más el impuesto al patrimonio e indicó que todo apunta a que será permanente. Dijo que lo ideal sería una prórroga por dos años más y explorar nuevos mecanismos de financiación de la seguridad democrática. Botero advirtió que a corto plazo el impuesto al patrimonio no solamente será permanente si no que todos los colombianos lo tendrán que pagar.
El ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, propuso que en vez de una reforma tributaria, a su juicio innecesaria, el Gobierno salga de empresas como Ecopetrol, en donde tiene el 90%. Éste neoliberal dijo que “no le ve sentido a tener en el balance del Gobierno acciones de Ecopetrol o de otras empresas siendo que tenemos tantas necesidades. Eso es un lujo que uno muchas veces no se puede dar". Necesidades de la guerra contra el Pueblo claro está.
Con todo esto, antes de presentar el proyecto al Congreso, el presidente capo de capos sostuvo que los sectores más pudientes tendrían que hacer "otro ratico de sacrificio" para financiar la seguridad democrática.
A todas las variables de la crisis del capitalismo mencionadas en la segunda parte y que afectan directamente los ingresos del Estado, se suma la versión de la revista Portafolio, según la cual “expertos llaman la atención porque…algunos contribuyentes tendrían todo el 2010 para fraccionar o esconder patrimonios.” Además hay que ver con unos contratos de estabilidad tributaria que se crearon en 1995 y que han salvado a algunas firmas de pagar nuevos impuestos, al parecer incluido el del patrimonio, y que empiezan a vencerse en el 2010. Eso llevaría a esas empresas a asumir el pago del que entrará a regir desde el 2011.
Para terminar y contrario a todo lo anterior, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia propone: “el 50% del presupuesto nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendientes, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno.” A esto se suma la participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Así, las FARC EP entienden un avance significativo en la adopción de las prioridades del Pueblo y de las regiones.
Sobre los recursos para el financiamiento, la Plataforma define por un lado, “la objeción al pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social.” Y por otro lado, “quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios.” En esta dirección entonces debe construirse además una estructura de ingresos que incluye no sólo los tributos si no, y fundamentalmente, los ingresos originados en la propiedad estatal y colectiva pues el Estado debe ser el propietario de los sectores estratégicos privatizados durante los últimos 19 años de neoliberalismo.
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